Establece sanciones duras contra quienes se presentan sin intención de asumir.
Penaliza las candidaturas testimoniales con ocho años de inhabilitación y considera la maniobra como una forma de fraude electoral que engaña y perjudica al votante.
Este proyecto crea un sistema para evitar que legisladores “se den vuelta” después de las elecciones.
Obliga a cumplir la plataforma con la que fueron votados, exige una Declaración Jurada de compromiso y habilita la revocatoria inmediata en casos de abandono de representación política.
Propone una reforma constitucional para que los legisladores no puedan usar la banca como trampolín político.
Obliga a completar el mandato, prohíbe postularse a cualquier otro cargo durante ese período y evita que una renuncia estratégica habilite nuevas candidaturas.